El gobierno formalizó mediante el Decreto 1349/2026 la prórroga del régimen vigente para las represas hidroeléctricas de jurisdicción nacional que siguen en manos privadas y que aún no fueron relicitadas. La extensión busca garantizar la continuidad, la regularidad y la seguridad en la generación de electricidad hasta que se convoquen los próximos procesos de privatización.

Estas licitaciones tienen como objetivo incrementar los ingresos para el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y apoyar, en 2027, la gestión de la deuda pública. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, otorga a la Secretaría de Energía las funciones para definir pautas, preparar la documentación, llamar a Licitación Pública Nacional e Internacional, otorgar las nuevas concesiones y suscribir los contratos correspondientes.

Las 11 centrales involucradas, con sus respectivos concesionarios, son:

- Mendoza: Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, operadas por Pampa Energía a través de Hidroeléctrica Diamante.
- Salta: Cabra Corral y El Tunal, gestionadas por la estadounidense AES.
- Santiago del Estero: Río Hondo y Los Quiroga.
- Tucumán: El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, a cargo de la constructora Holdec.
- Chubut: Futaleufú, bajo la responsabilidad de Aluar.

Entre ellas, Futaleufú es la más grande, con 560 MW, y representa el principal activo de Aluar para alimentar su matriz de aluminio con energía de bajo costo. A pesar de su peso, la empresa de Javier Madanes Quintanilla ya anunció su intención de participar en la licitación y, paralelamente, ha desarrollado alternativas de suministro mediante centrales térmicas y parques eólicos.

La capacidad instalada de estos 11 complejos suma 1.127,7 MW, equivalente a poco más del 2,5% de la generación eléctrica total del país. Un informe de CAMARCO señala que el valor estimado de estos activos al 2024 fue de 1.356 millones de dólares, aunque esa cifra no constituye una tasación de mercado.

Considerando lo recaudado a principios de año por las privatizaciones de represas en Neuquén y Río Negro, estas nuevas licitaciones podrían aportar aproximadamente US$200 millones a la caja del Ministerio de Economía.

El decreto recuerda que la energía hidroeléctrica es una fuente renovable, limpia y estratégica para la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Se enmarca en las leyes 15.336 y 24.065, en respuesta al vencimiento de los plazos contractuales del régimen heredado de la década de 1990 bajo la Ley 23.696.

Como antecedentes, se mencionan procesos licitatorios iniciados para Cerros Colorados, El Chocón-Arroyo, Alicurá y Piedra del Águila, así como una convocatoria conjunta con Mendoza para Los Nihuiles. También se proyecta la venta del 44% de las acciones del Estado en Nucleoeléctrica Argentina (NASA).