La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar el 6 de noviembre en el expediente FCR 16446/2026, promovida por la Fundación Agustina Lerena. La orden alcanza a 12 empresas pesqueras con domicilio en España y a 7 sociedades mixtas con presencia hispano-isleña, y las obliga a abstenerse de pescar en aguas argentinas sin la habilitación de la autoridad nacional. En la resolución se especifica que la prohibición se extiende al mar que rodea las islas Malvinas.

La medida es provisoria y no se aplica a alta mar; tampoco alcanza a bancos, astilleros o aseguradoras por ahora. La notificación a las empresas se realizará a través de la Cancillería. El especialista Daniel Guzmán, de Agenda Malvinas, calificó la resolución como de “absoluta relevancia” y destacó que la documentación de las firmas constituye la evidencia relevante.

La jueza aclara que la cautelar no representa un fallo definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas. Sin embargo, plantea una interpretación jurídica clara: lo que se pesca alrededor de las islas Malvinas forma parte del ecosistema que Argentina administra y no constituye un tema separado.

En consecuencia, hasta que las firmas no obtengan permiso de la autoridad competente en materia de Pesca, quedan obligadas a abstenerse de capturar o extraer recursos vivos marinos con cualquier arte de pesca, de procesar en la embarcación las capturas obtenidas en esos espacios, de transbordar o descargar esas capturas, y de iniciar nuevas mareas o temporadas o incorporar nuevos buques para estas actividades.

Las empresas españolas tienen sedes en Vigo, Marín, Cangas y Moaña, todas en Galicia. Las sociedades mixtas citadas en la resolución están representadas por vehículos societarios con domicilio en Puerto Argentino-Stanley, como South Atlantic Squid, Petrel Fishing Company y Golden Touza.

Además, informarán bajo juramento, dentro de diez días judiciales desde la notificación, qué buques operan en esas aguas, qué licencias poseen, cuánta captura registraron desde 2023, qué descartes registran, a qué puertos descargan y cuál es su estructura societaria. También deberán conservar toda la documentación relevante: partes de pesca, diarios y registros satelitales.

Como contexto, la medida se apoya en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución argentina, que reafirma la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y sus espacios marítimos. Por ello, subraya la magistrada, la presencia de operadores extranjeros o el uso de licencias isleñas no exime al marco institucional argentino de ejercer su autoridad sobre esos dominios.