Un informe técnico de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, difundido por distintos medios, advierte indicios de edición en los audios que se atribuyen al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En las grabaciones se mencionaba el cobro de coimas por la venta de medicamentos y se aseguraba que lo recaudado iba dirigido a la Casa Rosada, específicamente al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El estudio señala rasgos compatibles con una regrabación, con cortes, discontinuidades y anomalías acústicas que no se ajustarían a un registro continuo. Aun así, no se pudo confirmar ni descartar si el material fue manipulado o si se emplearon herramientas de inteligencia artificial para generar voces o modificar el contenido.

Lo que filtró el Gobierno este jueves no sorprende a quienes siguen el caso: ya existían ediciones en las grabaciones publicadas, en las que sólo se escuchaba la voz de Spagnuolo sin interlocutores, y se observaban fallas temporales claras. En otros segmentos, parecía tratarse de conversaciones telefónicas; en algunos momentos se oían sonidos de vajilla y murmullos, sugerentes de contextos en restaurantes o cafés.

Los especialistas de la Gendarmería indicaron que las grabaciones presentan limitaciones técnicas para arribar a una conclusión definitiva sobre su origen. Entre los factores destacaron que la cadena de custodia del material se habría interrumpido antes de la pericia.

Spagnuolo tuvo un recorrido particular respecto de estos audios: pasó de sostener que no era su voz a reconocer que existían ediciones y alteraciones.

El peritaje deberá ser evaluado por el juez federal Ariel Lijo. La imposibilidad de autenticar las grabaciones, por sí sola, no implica el cierre de la investigación por las supuestas coimas en ANDIS.

Hace apenas un mes, la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo, de su segundo, Daniel Garbellini, y de 17 personas más. Luego, Lijo amplió el procesamiento de Spagnuolo, Garbellini y Miguel Ángel Calvete, a quienes les imputó haber actuado como “jefes de la asociación ilícita”.

La autoridad judicial señaló que la resolución profundiza la pesquisa sobre una organización delictiva presuntamente orientada a la direccionamiento de contrataciones públicas y a detectar diferencias de precios por más de 7.833 millones de pesos entre medicamentos e insumos médicos. A Spagnuolo y a sus presuntos colaboradores se les atribuyen delitos como asociación ilícita y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, entre otros cargos vinculados a la investigación.