Las sesiones ordinarias del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cerraron su calendario a principios de noviembre sin analizar ni emitir dictamen sobre el reclamo presentado por los abogados de Cristina Kirchner para revertir su condena y habilitarla para competir nuevamente. La decisión complica la estrategia de la ex presidenta de volver a presentar su candidatura, ya que el tema pasa al año siguiente para ser tratado.
En paralelo, la defensa sostiene que la presentación incluye tres medidas cautelares destinadas a proteger el derecho a votar y a ser elegida, y que podrían resolverse en cualquier momento. En ese marco, Kirchner deposita sus aspiraciones en medio de una interna con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Por la condena en la causa Vialidad, Cristina Kirchner tiene inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y fue condenada a seis años de prisión. Además, quedó fuera del padrón electoral y se encuentra bajo arresto domiciliario en San José 1111. A ese panorama se suman dos procesos más: Cuadernos y Hotesur-Los Sauces. Si la condena se mantiene, las penas se sumarán a las que ya acumula tras la eventual confirmación de la Corte Suprema.
La ex Presidenta inició gestiones en instancias internacionales para intentar revertir lo que la máxima autoridad judicial del país ya sostuvo: que fue responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Sus abogados, Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego Borrego, presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PIDCP y su Protocolo Facultativo) un reclamo central acompañado de tres medidas cautelares para salvaguardar el derecho a votar y a ser elegible.
El planteo de fondo sostiene que el proceso penal tuvo como finalidad última la proscripción electoral y que la pena de inhabilitación perpetua constituye una restricción ilegítima y desproporcionada de sus derechos políticos. Fuentes judiciales consultadas por Clarín señalan que la condena fue confirmada por la Corte Suprema y que, en ese marco, la decisión del Comité de la ONU no es vinculante para el Poder Judicial argentino. La inhabilitación, explican, es una consecuencia directa del delito acreditado y de las instancias que ya respaldaron la condena.
Kirchner continúa promoviendo su estrategia internacional, a la vez que mantiene su postura frente a la discusión interna y la será clave en su intento por competir en futuras elecciones, pese a las dudas y disputas que rodean su caso.
