La medida cautelar fue presentada por Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, y el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de ElPidio Tezanos Pinto, decidió no emitir aún una resolución sobre el mérito de la causa y ordenó al Gobierno abstenerse de ejecutar la Resolución 213/2025 mientras persista la incertidumbre. Según la decisión, continuar con la aplicación podría generar efectos irreversibles.

Desde la asociación sindical sostuvieron que el fallo representa una defensa para ATE y para los trabajadores del INTI, y también para numerosos sectores productivos y la sociedad, al considerar que los servicios que ofrece el organismo son de importancia estratégica para la vida cotidiana.

La Resolución 213/2025 establece la interrupción de servicios de metrología legal respecto de instrumentos regulados, lo que implica que certificados como la verificación de que una balanza marque correctamente un kilogramo o que un litro sea realmente un litro podrían ser realizados por laboratorios privados a futuro.

Entre las tareas que afectaban o podrían verse afectadas, se mencionaba la aprobación y control de surtidores de combustibles (nafta, kerosene y Gas Oil), balanzas y sistemas de pesaje, medidores domiciliarios de energía y agua, radares de tránsito, termómetros clínicos y herramientas de calibración como probetas o vasos graduados.

A fines del año pasado, un trabajador del INTI había advertido que la medida impactaba a los trabajadores a lo largo del país y, al mismo tiempo, afectaba la calidad de los productos y servicios que las personas consumen en su día a día. En su visión, la disolución de funciones de medición imparcial podría erosionar la confianza en mediciones que sostienen actos cotidianos, como la verificación de combustibles en estaciones de servicio.

Quien habló en aquel momento añadió que la propuesta de derivar estas funciones a laboratorios privados representa un desarrollo fuera de control, con posible riesgo de crear una “caja negra” que podría volverse tema de corrupción. También cuestionó la supuesta demora como justificación, señalando que la medida no aporta crecimiento económico y que, en su lugar, quita funciones estatales para entregarlas al sector privado, con posibles retornos para ciertos actores.

La decisión judicial de este martes no analiza la viabilidad o la conveniencia de la medida en materia de fondo, pero sitúa un freno provisional a su implementación y mantiene vigente el marco institucional hasta que exista una definición definitiva sobre la cuestión planteada.