La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves un proyecto destinado a regular el funcionamiento de las agencias de cobro extrajudicial ante la problemática de deudas difíciles de afrontar, con la finalidad de frenar prácticas abusivas de estas entidades. La iniciativa fue presentada por Fuerza Por Buenos Aires, encabezada por Leandro Santoro, y obtuvo un apoyo unánime, según indicó a Noticias Argentinas el director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios, Rodrigo Cilenti.
En cuanto a las posturas políticas, Cilenti explicó que La Libertad Avanza no acompañó la iniciativa en su momento de presentación. Sin embargo, afirmó que el bloque votó en general a favor, aun cuando se opuso a tres artículos puntuales: la creación de habilitaciones para operar, la incorporación de abogados que mantengan su matrícula y las pautas para refinanciar deudas.
PUNTOS centrales de la normativa
- Habilitación y control: las agencias de cobranza que quieran operar en la Ciudad deberán contar con una habilitación emitida por el Gobierno de la Ciudad. Si bancos o financieras trasladan carteras de deuda a agencias no autorizadas, podría impedirse su funcionamiento.
- Supervisión profesional: cada agencia o departamento de cobranza estará a cargo de un abogado matriculado. En caso de abusos o amenazas, se denunciará ante el Colegio de Abogados y podría implicar la suspensión de la matrícula.
- Limitaciones de contacto: el deudor no podrá ser contactado más de una vez por día y, como máximo, dos veces por semana; si ya fue atendido, no podrá volver a llamar en la misma jornada.
- Medios de comunicación: si se utiliza un contestador automático o un bot, la entidad deberá informarlo de forma explícita y ofrecer siempre la opción de conversar con una persona.
- Prohibiciones claras: está prohibido amenazar con prisión, inventar embargos sin orden judicial o intimidar con quitas de jubilaciones o planes sociales.
- Protecciones para grupos vulnerables: el hostigamiento hacia jubilados, pensionados o personas con discapacidad será sancionado con multas significativamente más severas.
La normativa busca dotar al Estado de herramientas concretas para regular la actividad de estas empresas, basando su marco en la experiencia recogida durante la audiencia pública y en un marco de protección al consumidor. La votación terminó siendo unánime, aunque La Libertad Avanza mantuvo su disidencia parcial respecto de tres disposiciones específicas.
