El Parlamento argentino quedó expuesto como escenario de una pulverización de cuestionamientos y requerimientos de información tras la fuga de Flavio Bolsonaro, ocurrida poco después de la derrota de Jair Bolsonaro en Brasil. Las iniciativas sostienen que el plan podría haber contado con la gestión argentina y se cuestiona si fueron empleados recursos del Estado para su concreción. Las críticas se dirigen principalmente hacia el presidente Javier Milei y a funcionarios del entorno presidencial.
La convocatoria de pedidos de informes y de interpelación fue impulsada por la oposición en la Cámara baja, que busca esclarecer el grado de participación del Poder Ejecutivo en el supuesto operativo y cuánto peso tuvo un plan trazado desde Washington. Entre los señalados figuran Milei, el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno, el jefe de Gabinete Diego Santilli, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el asesor presidencial Santiago Caputo. A su vez, diputados de diversos bloques suscribieron un pronunciamiento conjunto para exigir al Ejecutivo que reconozca formalmente el triunfo de Lula Da Silva y reimpulse el diálogo con Brasil para正常izar la relación bilateral y restablecer las relaciones diplomáticas.
Germán Martínez, titular de Unión por la Patria, encabezó la iniciativa que recibió adhesiones de legisladores de Provincias Unidas, Coalición Cívica, La Izquierda, Socialismo y del monobloque de Marcela Pagano. El escrito plantea que el Congreso exija respuestas urgentes y la presencia ante la Cámara de Santilli, Monteoliva y Quirno, para explicar, conforme al artículo 71 de la Constitución Nacional, las circunstancias de la presencia de Bolsonaro en territorio argentino y el eventual involucramiento de agencias estatales.
El primer paso significativo lo dio el diputado Agustín Rossi, quien presentó una interpelación dirigida al jefe de Gabinete para que detalle qué áreas del Gobierno intervinieron en el tránsito del ex mandatario brasileño por Argentina. Rossi, que fue ministro de Defensa, afirmó que la fuga de Bolsonaro, presumiblemente facilitada por el gobierno argentino, representa un hecho de gravedad institucional y podría impactar negativamente la relación con Brasil. Su pedido también cuestiona el rol de Caputo, pidiendo información sobre si estuvo presente en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú antes del despegue y, de ser así, qué circunstancias rodearon su actuación.
En síntesis, la batería de iniciativas busca aclarar responsabilidades y confirmar si existieron instrucciones o coordinaciones desde el Ejecutivo para la operación, al tiempo que se reclama un gesto diplomático claro hacia Brasil y una reapertura de vínculos en el marco de una relación bilateral que, para los críticos, requiere recuperación y transparencia.
