El fiscal general Diego Luciani, acompañado por Sergio Mola, elevó ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) una solicitud de medidas urgentes vinculadas a la investigación iniciada en Río Gallegos. La pesquisa, que indaga sobre Lázaro Báez, revela que el empresario habría seguido gestionando, explotando y cobrando rentas de inmuebles que ya figuran en listas de embargo y decomiso en las causas de Vialidad y de la Ruta del Dinero K. Algunas de esas propiedades ya habrían sido registradas a nombre de la Corte Suprema para su remate.

El TOF 2 respondió con un acuse de recibo, pero dejó en suspenso la contestación hasta que se completen trámites y se obtenga información de varias oficinas públicas y judiciales involucradas en la gestión de los decomisos en el marco de la causa Vialidad, según consta en un documento al que accedió Clarín. En ese escrito, el tribunal subrayó la necesidad de actuar de forma inmediata ante la gran cantidad de inmuebles vinculados a Báez que ya están bajo orden de decomiso.

La línea de la investigación apunta a Báez como figura central de una presunta maniobra. Según informó el fiscal de Río Gallegos, Julio Zárate, el empresario habría impartido instrucciones para alquilar las propiedades desde la cárcel de Ezeiza, y no se descuenta la posibilidad de que algunos inmuebles hayan sido arrendados a organizaciones narco.

En la acusación también aparecen señalados su pareja Claudia Insaurralde y otros allegados, a quienes se les atribuye participación en una estructura de lavado de dinero dentro de una presunta asociación ilícita. Un rasgo destacable es que, a diferencia de otros casos de blanqueo, no se habría creado nueva empresa para introducir fondos; se habría operado sobre un patrimonio previo, ya cautelado mediante embargos, depósitos judiciales y órdenes de decomiso firmes dictadas en causas anteriores contra Báez.

La maniobra central consistiría en sustraer activos para evitar la ejecución patrimonial, dado que Báez debe responder por el decomiso ordenado en la Ruta del Dinero K (55 millones de dólares) y en la causa Vialidad (685.000 millones de pesos). El expediente sostiene que los involucrados buscaban mantener esos bienes en explotación comercial para derivar beneficios económicos, sorteando la prohibición de administrar y disponer de sus bienes.

Entre las pruebas presentadas en la audiencia de formalización, el Ministerio Público detalló escuchas telefónicas que evidencian instrucciones del empresario, desde el Penal de Ezeiza, sobre su patrimonio sometido a cautela judicial. También se mencionaron veinte documentos incautados en su celda que constatarían el estado de los bienes bajo control judicial.