La Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, declaró inconstitucional la ley de movilidad jubilatoria impulsada por la administración de Alberto Fernández y aplicada entre 2021 y mediados de 2024. En ese marco, los jueces Juan Fantini y Nora Dorado ordenaron a ANSES que recalcule los haberes de la demandante, Carmen Galletta, para ese periodo y que, en lugar de la fórmula cuestionada, aplique la modalidad de reajustes prevista por la ley aprobada en diciembre de 2017, vigente durante la gestión de Mauricio Macri.

La resolución forma parte del proceso caratulado “Galletta, Carmen c/ Anses s/ Reajustes varios”. El tribunal señaló que la ley 27.609, sancionada en diciembre de 2020, resulta inconstitucional por el deterioro de las jubilaciones durante su vigencia, y ordenó que se aplique de manera continua, desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive, la fórmula de movilidad de la ley 27.426.

La norma cuestionada es la que estuvo en discusión durante unas protestas en la Plaza de los Dos Congresos, y por eso se la recuerda como la “ley de las 14 toneladas de piedras”. En su fallo, Fantini recordó una resolución de la Corte Suprema que, en diciembre de 2025, avaló el cálculo de movilidad establecido por la ley 27.426 al rechazar un pedido de declaración de inconstitucionalidad en la causa “Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ Anses”.

El fallo de la Cámara no especifica con precisión cuál será el efecto concreto de reemplazar los aumentos de la jubilación de la demandante por el índice derivado de la fórmula macrista. Según estimaciones de abogados especialistas en Derecho previsional, la medida podría implicar un incremento cercano al 67%, aunque el porcentaje varía según el método de liquidación y exige “especificaciones técnicas” para evitar que el resultado resulte nulo.

El letrado Adrián Trócccoli explicó que, a su criterio, corresponde aplicar la fórmula de la ley 27.426 hasta el reajuste pagadero en junio de 2024 (con indicadores salariales e de inflación hasta diciembre de 2023) y, a partir de entonces, seguir la regla del decreto de necesidad y urgencia 274, que contempla el Índice de Precios al Consumidor con un rezago de dos meses. Si se adopta ese enfoque, la mejora podría situarse en torno al 67%.