Después de un paréntesis de dos semanas marcado por las elecciones en Estados Unidos y la visita del Papa León XIV, el oficialismo retomó las negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas en la Cámara de Diputados. La intención es llevar al recinto el proyecto del Presupuesto 2027 el miércoles 25 de noviembre.

Un diputado de la coalición señaló que lo más relevante fue la ratificación del cronograma de trabajo acordado en la reunión, en la que participaron, entre otros, Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), junto con representantes del Poder Ejecutivo.

Aunque se confirmó que el plan es dar dictamen al proyecto el martes 17 y que la sesión para su tratamiento sería el 25, los participantes aclararon que, en esa reunión, la discusión apenas giró en torno al Presupuesto y se centró principalmente en el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas.

El Gobierno tiene previsto convocar antes de esa sesión a una nueva reunión, el miércoles 18, en la que se tratarán además del tema de Malvinas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo, el Acuerdo de Libre Comercio entre la AELC-EFTA y el Mercosur, y dos convenios entre el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires para profundizar la transferencia de competencias judiciales a la jurisdicción porteña.

Tanto opositores como oficialistas admiten que persiste una discusión pendiente sobre el Título VII del proyecto. Mientras la oposición propone eliminarlo por completo, Paula Taddei, de la Secretaría Legal y Técnica, se comprometió a re-redactar algunos artículos; los libertarios dejaron claro que no los eliminarán del todo.

Ejemplo de ese debate es el artículo 129, que define una “campaña de injerencia extranjera” con una serie de características para impedir la libre formación de la voluntad política, lo que podría afectar a la libertad de expresión y a las ONG, según sus críticos. Si no se introducen cambios, ese título podría verse rechazado en el recinto, ya que requiere una mayoría especial de 129 votos por modificar el Código Penal y el régimen de Partidos Políticos.

En el marco previo a la reunión, desde el PRO celebraron el acuerdo para prorrogar el régimen de promoción del autopartismo, uno de los siete reclamos que habían planteado.