En el marco de las causas Hotesur y Los Sauces, la acusación por lavado de dinero presentó hoy un esquema mediante el cual la familia presidencial habría recibido retornos de capital provenientes de empresarios vinculados a ellos, favorecidos desde el poder político.
Durante la audiencia, el Tribunal Oral Federal 5 concluyó la lectura del requerimiento de elevación a juicio elaborado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en la causa Los Sauces, que se ventila junto con Hotesur. En el escrito, los fiscales sostienen que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner habrían desembolsado dinero a su propia sociedad, adquirieron propiedades y luego se las alquilaron a empresas de los empresarios amigos, para finalmente retirar fondos como devolución del préstamo.
La fiscalía afirma que quedó “cabalmente probado” que Los Sauces funcionó como un “mecanismo constante y permanente de lavado de dinero” con fondos provenientes de fraude al Estado, de beneficios indebidos y de dádivas, de forma que la familia presidencial podría beneficiarse de esos recursos.
El tramo leído corresponde al último paso de la presunta maniobra y explica cómo el dinero que las compañías de Lázaro Báez y Cristóbal López ingresaban terminaba en poder de la familia Kirchner. Según la versión fiscal, el circuito tenía varias etapas: primero, los Kirchner aportaban dinero a Los Sauces y lo registraban como préstamos de socios a la empresa; con ese capital, la sociedad adquiría o levantaba bienes inmuebles; luego, esos inmuebles eran alquilados a las firmas de Báez, López y de Sousa y Sanfelice, que abonaban alquileres elevados con fondos vinculados a obra pública y favores estatales; por último, los Kirchner retiraban dinero como devolución de lo prestado.
Los fiscales subrayan que el acreedor y el deudor coincidían en una misma persona, es decir, una empresa de la familia recibía préstamos y luego se cobraba. Los peritos contadores indicaron que, moviendo así el dinero, la sociedad se convertía en un mero vehículo para transferir fondos hacia los Kirchner.
Además, el sistema permitiría ocultar quién quedaba con los fondos. Hasta 2010, los balances indicaban la deuda de cada socio; a partir de 2011, todo pasó a una categoría general denominada “Cuentas particulares socios”, sin aclarar a quién pertenecía cada monto, de manera que los balances enviados a los organismos de control no precisaran quién era titular de los créditos ni quién retiraba los fondos luego de su circulación.
Entre las referencias del escrito se mencionan también dos viviendas a nombre de Los Sauces que la familia utiliza sin abonar alquiler. La lectura del requerimiento continuará el próximo lunes, con la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en la causa.
