El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respondió a la solicitud presentada por la defensa de Cristina Kirchner y aclaró que no emitirá una resolución de inmediato ni un fallo de fondo en este momento. La respuesta llega tras una consulta realizada por los abogados de la ex presidenta y apunta a que, por la cantidad de expedientes que maneja la entidad, las decisiones sobre admisibilidad y sustancia suelen demorarse.

Los abogados de Kirchner habían presentado, el martes 29 de septiembre, una petición formal para que la ONU examine la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, en un contexto político en el que sectores del peronismo han impulsado su candidatura para el año próximo. En la adenda aportada, los letrados pidieron también la suspensión de la pena de inhabilitación.

En el documento, la defensa denunció actos de intimidación vinculados a la difusión de imágenes del allanamiento a la vivienda privada de Kirchner y a otras presiones, que, según argumentan, violarían derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a través de su Protocolo Facultativo. A la vez, señalan que estas actuaciones contravienen las obligaciones asumidas por Argentina respecto del derecho a presentar comunicaciones ante el Comité.

Aunque la comunicación de la ONU reduce las expectativas de la defensa, no significa un rechazo del planteo. El Comité deberá decidir si admite la revisión y, de proceder, si continúa con el trámite para analizar el fondo de la cuestión. Kirchner busca cuestionar internacionalmente la sentencia en la causa conocida como Vialidad, la cual fue confirmada por la Corte Suprema en junio del año pasado.

La adenda, a la que accedió LA NACION, describe hechos de especial relevancia para el caso. Entre ellos, la exposición de actos de intimidación contra la ex mandataria tras su presentación ante el Comité, que incluyen declaraciones de jueces vinculados al expediente Vialidad, avances sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones críticas del presidente Javier Milei hacia Kirchner. Los abogados sostienen que estas acciones vulneran las obligaciones internacionales asumidas por Argentina al ratificar el Protocolo Facultativo.

Además, la documentación introduce un nuevo elemento probatorio que, según la defensa, podría resultar decisivo para la revisión de la causa Vialidad. Por ahora, el escrito no equivalente a una prueba publicada, pero forma parte de la estrategia para lograr que el Comité evalúe la admisibilidad del caso.

La ONU deberá resolver si admite la petición y, en ese caso, definir el siguiente paso del proceso vinculado a la condena de Kirchner, que permanece en la escena internacional mientras la Argentina continúa con el escrutinio de esas alegaciones.