La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) informó la realización de un nuevo paro nacional de siete días que se extenderá desde este miércoles 28 hasta el martes 3 de noviembre. La movilización incluye a docentes universitarios y preuniversitarios de todo el país y busca exigir al Gobierno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada hace más de un año, así como mejoras salariales y un financiamiento adecuado para el funcionamiento de las casas de estudio públicas.
La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, indicó que para que la universidad funcione hace falta un financiamiento real y suficiente, criticando que el presupuesto actual se destine a otras prioridades no relacionadas con la educación. En ese marco, la Federación destacó la necesidad de sostener el plan de lucha para presionar al gobierno libertario a cumplir con la normativa vigente.
En el Congreso Extraordinario de la Federación, celebrado el jueves pasado, la voto unánime aprobó la continuidad de la huelga para seguir visibilizando los reclamos, luego de haber participado de la Quinta Marcha Federal hace dos semanas. En la capital, la respuesta oficial a esas protestas fue la represión policial de alto alcance, con carros hidrantes y el uso de gases lacrimógenos sobre una manifestación mayoritariamente pacífica.
Carboni sostuvo que los trabajadores han mostrado voluntad para defender la universidad pública y mantenerla operativa, aun ante el incumplimiento del marco normativo y la falta de un presupuesto adecuado. En el contexto del debate presupuestario 2027, el Gobierno de Milei propone destinar 7 billones a las universidades públicas, cifra que los rectores estiman insuficiente frente a sus necesidades, que rondan al menos 11 billones.
A principios de octubre, durante una reunión de rectores y decanos en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advirtió que sin una Ley de Financiamiento y sin un presupuesto a la altura, el funcionamiento pleno del sistema universitario se verá comprometido.
En respuesta a la situación, autoridades de la Universidad de Buenos Aires anunciaron una cena de gala para recaudar fondos, con entradas desde mil dólares. Carboni explicó que el sindicato no comparte esa vía, ya que las partidas deben ser garantizadas por el Estado, pero señaló que la gravedad de la desfinanciación es extrema.
Desde las redes de Conadu Histórica enfatizaron que la reducción de salarios impulsada por la política nacional agrava la situación económica de las trabajadoras y trabajadores de la educación superior, intensificando la presión para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
