La semana pasada, Rosario fue escenario de una serie de encuentros que mostraron un claro contraste entre optimismo y preocupación respecto de la situación económica. Funcionarios y representantes de los sectores más dinámicos resaltaron las ventajas del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), mientras que las pymes cuestionaron la falta de apoyo por parte del gobierno nacional para subir la competitividad sistémica.
Con ese trasfondo, Ámbito recopiló testimonios de gobernadores, ministros, exfuncionarios y empresarios para analizar si podría afianzarse un vínculo beneficioso entre rubros como energía y minería y el resto de actividades afectadas por la baja demanda interna y la apertura comercial.
En la ronda de negocios del RIGI que se realizó en la ciudad de Santa Fe, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el 82% de las compras de los proyectos del programa se efectúa con proveedores locales. Además, afirmó su esperanza de que todos los proyectos contribuyan al desarrollo industrial y al interior del país. Remarcó la inscripción de 2.500 pymes. Una ejecutiva de una firma que presta servicios logísticos y de transporte para la minería en San Juan, al dialogar con este medio, ironizó: “festejar que haya 2.500 pymes registradas es como celebrar las largas colas para encontrar trabajo”. La crítica apunta a que varias de estas pymes llegaron a la cita sin garantías de acuerdos con las empresas líderes de las inversiones del RIGI.
Entre los casos citados, se mencionó a Carlos Mainero, empresa que fabrica maquinaria agrícola y se inscribió en la ronda para explorar su incorporación a las cadenas de valor de los proyectos aprobados bajo el régimen. “Hoy hay una economía partida por sectores, geografía y tamaño, con pocos ganadores y muchos perdedores”, resumió el exministro Alfonso Prat-Gay en una intervención durante un congreso del Movimiento Nacional Pyme (MONAPY). A su juicio, la ronda mostró que el Gobierno reconoció el problema productivo al convocar a las pymes para ver si el derrame llega, aunque no lo expresen abiertamente.
Además de Caputo, el encuentro reunió a 14 gobernadores; entre ellos estuvo Martín Llaryora, de Córdoba. Al responder a Ámbito, el gobernador afirmó que las empresas beneficiarias del RIGI tienen la responsabilidad de impulsar la compra local, más allá de las políticas públicas a nivel nacional o provincial. En su visión, la industria automotriz, para desarrollar su red de proveedores ante un nuevo modelo o marco promocional, suele prefinanciar esos vínculos.
El informe subraya avances y dudas: la articulación entre público y privado continúa, pero la velocidad y profundidad del efecto para pymes y regiones menos dinámicas siguen en evaluación. El debate, por ahora, no tiene cierre.
