En la provincia de Salta, el Estado reconoce situaciones de consumo problemático, actúa ante episodios de crisis y dispone de equipos de atención. No obstante, un análisis reciente señala una falla estructural: no hay un sistema integrado que permita rastrear el recorrido de cada persona desde la detección inicial hasta el eventual tratamiento.

El estudio, elaborado por la agencia Ciudadana Comunicación a partir de datos de dependencias provinciales, identifica que la principal debilidad es la falta de una herramienta común para verificar resultados y coordinaciones entre organismos. En particular, la revisión de los registros de Atención Primaria de la Salud (APS) en la segunda ronda de relevamiento de 2026 revela cifras llamativas: para alcohol, se identificaron 2.881 familias con abuso, pero solo 41 tenían tratamiento registrado (1,42%). En el caso de drogas ilegales, 1.887 familias fueron identificadas y apenas 36 contaban con información de tratamiento (1,91%).

El informe señala que estas cifras no implican necesariamente desatención para todos los casos: es posible que haya atención a través de otras vías o que los registros estén desactualizados. Sin embargo, lo que resulta claro es que la provincia no puede verificar de manera sistemática si se concretan las derivaciones ni si los tratamientos continúan.

La evaluación se apoya en el informe interinstitucional de CIPAC (Coordinación Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos) correspondiente a 2025-2026. En su diagnóstico, se observa que salud, educación, desarrollo social y seguridad registran actividades con criterios propios y sin una herramienta única para medir resultados, lo que dificulta una visión integrada.

Una de las primeras dificultades aparece antes de iniciar cualquier tratamiento. En el primer semestre de 2026, los agentes sanitarios alcanzaron a 577.072 personas, es decir, el 42,5% de la población provincial, pero la cobertura varía de forma marcada por región. En la ciudad de Salta, que concentra el 42% de la población, la cobertura de APS fue apenas del 9,9%, frente a 65,2% en la zona sur, 66,2% en el norte y 69,2% en el oeste.

El documento advierte que esa desigualdad repercute en la interpretación de los registros: una menor cantidad de casos detectados no necesariamente equivale a menor demanda, sino a una menor capacidad para identificarlos.

Asimismo, el informe señala que los consumos se vuelven más visibles cuando la gente llega a una guardia o atraviesa una emergencia, en tanto su presencia en la atención ambulatoria es menor. En el Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone, por ejemplo, los consumos representaron el 9,9% de las consultas de guardia en 2025, frente al 1,5% de las consultas externas. Mientras tanto, el Servicio de Psicología del 911 intervino en 2.836 situaciones de salud mental y de consumo entre julio de 2025 y junio de 2026, con un equipo de cinco profesionales.

Cerca del 20% de esas intervenciones terminó en una derivación rechazada o en la que la persona no se presentó al turno propuesto, alrededor de 567 casos. Estos números, destacan los analistas, revelan la fragilidad de la ruta entre detección y tratamiento y la necesidad de un marco más sólido para la derivación, el seguimiento y la continuidad de la atención. Concluye que sin una herramienta con criterios compartidos, la provincia no logra ver con claridad el impacto de las intervenciones ni garantizar la continuidad de la atención.