El fiscal federal Eduardo Taiano presentó objeciones a que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) impulse la reapertura de la causa LIBRA y lleve adelante la acción penal. El expediente, cerrado por sobreseimiento, quedó archivado el 23 de octubre cuando el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó el fallo contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina y el resto de imputados.

Dentro del Ministerio Público Fiscal se dieron dos posturas contrapuestas. Taiano había sostenido el sobreseimiento y, para el magistrado, su dictamen estaba debidamente fundado. En contrapartida, Sergio Rodríguez, titular de la PIA, argumentó que la investigación se dio por cerrada antes de completar diligencias que podrían aportar pruebas relevantes al expediente.

La PIA recogió planteos de CIPCE e INECIP y, el 29 de octubre, presentó su impulso para activar la acción penal. Entre las diligencias pendientes citadas por Rodríguez figuran trabajos periciales sobre teléfonos celulares y pedidos de cooperación internacional, entre ellos con Estados Unidos. También mencionó alegatos de borrado de contenidos atribuidos a Mauricio Novelli y Sergio Morales.

El juez Daniel Rafecas, que subrogaba a Martínez de Giorgi al momento de estudiarse el requerimiento, dio vista a Taiano antes de decidir. Con la oposición del fiscal ya integrada al expediente, la cuestión quedó en manos de Martínez de Giorgi, quien retomó sus funciones. La PIA también presentó un recurso de apelación en subsidio para que, en caso de ser rechazado su planteo, la Cámara Federal porteña pueda revisar la resolución.

A su vez, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró, por mayoría, que procede revisar la exclusión de dos víctimas que denunciaron pérdidas tras la caída del token; esas personas habían sido apartadas como querellantes a pedido de Novelli. La resolución no dejó sin efecto los sobreseimientos ni reabrió la investigación, pero abre la posibilidad de que estos damnificados recuperen su estatus como querellantes y, de ser admitidos, puedan apelar el cierre del expediente. Según La Nación, la audiencia podría realizarse antes de fin de año y la decisión final se esperaría para 2027.

La causa nace a partir del lanzamiento del token el 14 de febrero de 2025, cuando Milei lo difundió en X como parte de un proyecto para financiar emprendimientos en la Argentina. El precio del token se disparó de un centavo a cinco dólares en horas y luego cayó. Milei borró el mensaje y sostuvo haber actuado de buena fe.

La investigación buscó determinar si existieron negociaciones incompatibles con el desempeño de funciones públicas en torno al lanzamiento. Entre los imputados figuraron los hermanos Milei, Hayden Davis (vinculado a la creación del token) y Mauricio Novelli junto con Manuel Terrones Godoy, mencionados como posibles intermediarios.