La Justicia Federal dictó este miércoles una condena contra el agente Cristian Rivaldi, de 39 años, por haber rociado gas pimienta a una nena de diez años y a su madre durante una movilización de jubilados en la zona de Congreso. La sentencia, emitida por el juez Daniel Rafecas, lo encontró culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de lesiones leves. La pena acordada fue de 1 año y 3 meses de prisión en suspenso, y, además, se dispuso una inhabilitación para ejercer funciones policiales por el doble de la pena aplicada: 2 años y 6 meses. El fallo, no obstante, no prevé la prisión efectiva.

El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2024, cuando Fabrizia Pegoraro, junto a su madre Carla, se encontraban sobre la avenida Rivadavia durante el desalojo de manifestantes. Rivaldi, integrante de la División de Operaciones Urbanas de Contención de Actividades (DOUCA), unidad especializada de la Policía Federal para controlar multitudes, habría rociado a las dos mujeres con gas irritante, lo que obligó a la niña a ser hospitalizada por una conjuntivitis química.

Durante el juicio, el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que la actuación fue desmedida, ya que madre e hija estaban sentadas y no ofrecían resistencia, y afirmó que se habría vulnerado el protocolo antipiquetes impulsado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El caso cobró notoriedad cuando sectores oficiales deslizaron que no había sido el agente quien roció a la niña y su madre, y Bullrich cuestionó públicamente a la progenitora por haber llevado a su hija a la marcha. En ese marco, el abogado Gregorio Dalbón, representante de las víctimas, subrayó que la condena representa una primera condena por la represión asociada al gobierno de Milei, y aseguró que no sería la última. Según Dalbón, el fallo contradice la versión oficial que negó los hechos: “Hoy la Justicia desmiente esa versión”. Además, cuestionó la respuesta de la entonces ministra Bullrich y de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por haber difundido un video que, a su juicio, atribuía la conducta a una manifestante de manera engañosa. El abogado sostuvo que la condena marca un piso, y que deben avanzar las investigaciones sobre quién dio la orden y quién sostuvo la versión falsa.