La Pampa vivió un episodio de violencia policial frente a la Catedral de Santa Rosa que el propio ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, calificó como repugnante. El funcionario lo expresó durante una sesión en la Legislatura el martes 10 de noviembre y confirmó que los agentes involucrados fueron apartados de sus funciones.

Las agresiones ocurrieron el 1 de noviembre en la calle Avellaneda y tomaron mayor visibilidad a partir de un video divulgado en redes y medios. El hecho dio lugar a investigaciones penales y administrativas por posibles golpes a personas que se encontraban reducidas, lo que desencadenó diversas actuaciones.

El 4 de noviembre, el cabo primero Franco Juan Carlos Gauna Coronel fue imputado por tres hechos de lesiones leves agravadas por su condición policial y vejaciones, además de una acusación de falsedad ideológica en instrumento público. La formalización fue aceptada por el juez de Control Daniel Ralli.

Intervinieron en la causa los fiscales Máximo Paulucci y Natalia Urruti. La acusación sostiene que el sumario policial incorporó una descripción falsa para justificar las agresiones, mientras la defensa cuestionó tanto la reconstrucción de los hechos como la calificación jurídica.

Como medida sustitutiva a la prisión preventiva, el magistrado impuso una prohibición absoluta de contacto con los tres denunciantes y con tres policías que intervinieron en el procedimiento. Cabe aclarar que la imputación no implica condena.

En su alegato, di Nápoli defendió la capacidad de la fuerza, que asciende a unos 3.000 integrantes, y aclaró que el presupuesto vigente contempla cubrir retiros sin ampliar la plantilla. También se informó que el Ministerio y la Jefatura habían enviado previamente información y material audiovisual a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, antecedentes que se sumaron a la declaración del 10.

El titular de Seguridad subrayó la gravedad de las conductas y ratificó el apartamiento de los involucrados, al tiempo que destacó que la Administración trabaja para esclarecer lo sucedido y reforzar los mecanismos de control institucional.