La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal dio curso a los recursos en queja presentados por los abogados de dos agrupaciones de inversores vinculados al caso Libra, lo que abre la posibilidad de que vuelvan a figurar como querellantes y que la investigación pueda retomarse. La decisión fue adoptada con el voto favorable de los camaristas Alejandro Slokar y Angela Ledesma, mientras que Guillermo Yacobucci votó en disidencia.
En su tramo central, los jueces que abrieron la puerta a la reanudación de la pesquisa cuentan con antecedentes vinculados al kirchnerismo. Slokar es uno de los fundadores de Justicia Legítima, y Ledesma formó parte de una comisión de especialistas en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner, la cual estaba a cargo de Carlos Beraldi, actual defensor de la expresidenta.
Entre las víctimas señaladas figuran cinco argentinos y dos ciudadanos bielorrusos: Vladislav Andreevich Lapchenko y Sviatlana Vitalievna Krasutskaya. Ambos habían intentado constituirse como querellantes a principios de este año, aunque su pedido fue denegado en febrero por el fiscal Eduardo Taiano, al frente de la investigación del criptoescándalo.
Los cinco damnificados locales habían sido apartados de la causa el 3 de julio último, cuando el juez Marcelo Martínez de Giorgi aceptó una solicitud del criptolobbista Mauricio Novelli. Semanas después, la Sala I de Casación Penal había rechazado la apelación de los inversores excluidos.
Con la causa sin querellantes y la instrucción en manos de la fiscalía, Taiano había pedido el cierre de la investigación. Martínez de Giorgi accedió y sobreseyó a los once investigados el 23 de octubre.
Antes de ese fallo, los inversores siguieron insistiendo para ser admitidos como querellantes, sosteniendo que la exclusión no estaba firme y que la pesquisa debía continuar. El caso se encuentra ahora en una fase en la que se deben presentar argumentos ante la Sala II dentro de un plazo de diez días.
Los inversores se agrupan en dos colectivos. El primero está encabezado por el criptoentusiasta Martín Romeo, representado por Nicolás Oszust, y podrían sumarse los dos ciudadanos bielorrusos mencionados. En el segundo grupo figuran Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris y Braian Emanuel Quintero, asistidos por Nicolás Rechanik y con el respaldo del dirigente social Juan Grabois. Ambos colectivos recurrieron a la Casación tras el rechazo inicial de la Sala II a sus anteriores recursos.




