La Corte Suprema de Justicia le dio un nuevo golpe a las pretensiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y rechazó las demandas para centralizar las investigaciones por presunto fraude y lavado de dinero en un único juzgado federal de Campana, como habían solicitado los acusados. Tras la revisión, el máximo tribunal decidió mantener el caso en la órbita de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, a cargo de Paula Petazzi, y no trasladarlo a Campana.

La resolución, firmada por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también terminó de definir los conflictos de competencia entre la AFA y el empresario Javier Faroni, que controla una firma vinculada al cobro de dividendos en el exterior asociados a la organización que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia. Con este fallo, la Corte dejó sin efecto la posibilidad de unificar las denuncias sobre el manejo irregular de fondos en el exterior, tal como había sugerido el procurador general Eduardo Casal.

Según la jurisprudencia vigente, si existiese una incidencia de fraude administrativo o lavado de activos, las investigaciones deberían consolidarse dentro de la misma jurisdicción que corresponde, pero la Corte optó por mantener la tramitación en la justicia nacional. En consecuencia, el expediente no se desplazará a la jurisdicción de Campana.

Una de las cuestiones analizadas por la Corte tuvo que ver con la decisión del juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, de concentrar una pesquisa por lavado de activos vinculada a la vivienda de la quinta Villa Rosa, situada en Pilar. González Charvay había pedido a la jueza Petazzi que se inhibiera de continuar con la denuncia por administración fraudulenta presentada por Guillermo Tofoni, dueño de World Eleven, quien tenía un contrato con la AFA para la organización de amistosos.

En otro incidente, la Corte resolvió un planteo en el que el Juzgado Penal Económico 8 y Petazzi habían rechazado intervenir en la denuncia de Tofoni contra la dirigencia de la AFA por un supuesto balance falso. La jurisprudencia indica que, si existiera un balance falso, podría formar parte de una misma operatoria de fraude y, por ello, debe analizarse en la justicia penal ordinaria.

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