La Corte Suprema dio por concluido este jueves el intento de Alberto Fernández de que la causa por violencia de género, amenazas y lesiones que le imputa su ex pareja, Fabiola Yáñez, se traspase desde los tribunales federales de Comodoro Py hacia la Justicia porteña. En sintonía con la Procuración General, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti determinaron que corresponde seguir en competencia al juzgado federal Nº 10.

La investigación se originó a partir de mensajes y fotografías hallados en el teléfono de la secretaria de Fernández en sus intercambios con Yáñez, hallazgos que surgieron en el marco de la pesquisa que investiga a Fernández, a su secretaria, a su esposo y a distintos empresarios por presunta corrupción en el negocio de los seguros. En ese contexto, el juez Ercolini y el fiscal Ramiro González iniciaron una indagación que terminó con Yáñez denunciando abusos y lesiones.

A lo largo del proceso, la defensa de Fernández cuestionó la competencia de Comodoro Py. En un primer episodio buscó que la causa fuera a la justicia de San Isidro alegando que los hechos ocurrieron cuando ambos compartían la residencia de Olivos; después intentó derivarla al fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires.

Paralelamente, el expresidente presentó una denuncia en un juzgado porteño por presunto hostigamiento procedente de España. En octubre de 2025, la Cámara de Casación Contravencional y de Faltas ordenó inhibir a Ercolini.

Frente a ese conflicto, la Corte Suprema concluyó que la causa debe continuar ante el juzgado federal Nº 10. En la actualidad la investigación está a cargo del juez Daniel Rafecas, tras la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de apartar a Ercolini por un planteo de recusación del expresidente, quien sostuvo haber sido amigo del magistrado y haber quedado enfrentados.

La pesquisa indica que Fernández habría ejercido violencia contra Yáñez durante años dentro de una relación con marcada asimetría de poder. El expediente describe un patrón de violencia psicológica —hostigamiento, control, insultos y trato degradante— junto con episodios de violencia física. El periodo investigado abarca al menos 2016 hasta 2024, cubriendo etapas previas a su llegada a la Presidencia, su mandato y el periodo posterior.

La Cámara Federal de Casación Penal ya había confirmado el procesamiento y sostuvo que existieron múltiples hechos que, en conjunto, configuran violencia continuada que habría afectado la salud de la denunciante. Según la calificación vigente, los delitos imputados contemplan penas que van de 3 a 18 años de prisión.