El magisterio urbano de Bolivia escaló las protestas al sumar más de 30 piquetes en huelga de hambre repartidos en distintas regiones del país y al confirmar un paro nacional de 48 horas para la próxima semana, con la posibilidad de extender la medida indefinidamente. Las acciones se enmarcan en rechazo a un anteproyecto del Gobierno que propone descentralizar la gestión de institutos técnicos y tecnológicos, así como de idiomas y artes, hacia las nueve gobernaciones departamentales.
La convocatoria fue realizada por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y sus 31 federaciones, e involucra a 76 docentes que mantienen medidas de presión en ciudades como La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Oruro, Tarija, Santa Cruz y Trinidad, según información compartida por dirigentes sindicales.
Anaí Bozo, secretaria ejecutiva de la Federación Departamental del Magisterio Urbano de La Paz, indicó que el sector analiza la posibilidad de mantener un paro indefinido como parte de sus medidas extremas.
En Santa Cruz, Lorenzo Chávez, secretario ejecutivo de la Federación del Magisterio Urbano, exhortó al presidente Rodrigo Paz a constituir una mesa de diálogo y advirtió que las medidas de presión podrían prolongarse de forma indefinida. También anunció una marcha nacional para mañana y un paro de 48 horas para los próximos lunes y martes.
La disputa gira en torno a un anteproyecto gubernamental que propone trasladar la administración de institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos a las nueve gobernaciones departamentales. Los docentes sostienen que esta reconfiguración supondría un cambio sustancial en la organización y en la financiación de la educación pública, trasladando responsabilidades administrativas y financieras a las regiones sin garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento.
A su juicio, la iniciativa podría profundizar las desigualdades en el sistema educativo y abrir paso a una privatización encubierta.
Por su parte, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, tildó las movilizaciones de políticas e ilegales y advirtió que aplicará el principio de “día no trabajado, día no pagado” para los docentes que suspendan actividades. Estimó que una eventual interrupción de clases podría impactar a aproximadamente 2,2 millones de estudiantes de primaria y secundaria, y aseguró que el Gobierno está dispuesto a mantener el diálogo con los sectores movilizados.
