En medio de gestos de acuerdo entre la Casa Rosada, la oposición dialoguista y el kirchnerismo para evitar pérdidas en Diputados, el Senado avanza hacia el dictamen de la nueva Ley de Discapacidad, siempre que logre el número necesario para sesionar. La idea es cerrar cuanto antes la etapa de emergencia que vence a fin de año y dar marco a una iniciativa clave para un sector sensible del ámbito público.

La revisión del proyecto estará en manos de dos comisiones: Presupuesto y Hacienda, y Población y Desarrollo Humano. La primera es la de cabecera y convoca las sesiones; está presidida por Agustín Monteverde, libertario y representante de la Ciudad de Buenos Aires. La segunda es comandada por Alicia Kirchner, diputada y senadora por Santa Cruz.

La propuesta, que en la Cámara baja obtuvo una amplia mayoría de dos tercios, mantiene sin cambios sustantivos la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización conforme a la inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. En Diputados obtuvo 236 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, luego de descartarse el ajuste que aparecía en la versión original del Presupuesto 2027.

Entre los ejes del texto figuran la continuidad de las pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.

Por solicitud de los aliados, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: quienes tengan CUD podrán conservar la pensión si trabajan registrado o están inscriptos en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantizó que las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad accedan a un sistema de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).

En lo presupuestario, se detallaron partidas específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y se contemplaron compensaciones desde el Tesoro en caso de ser necesarias. Además, se dejó claro que el Gobierno debe asegurar que el ingreso por beneficiario mantenga su poder adquisitivo respecto del año anterior.

En el plano de controles, la Secretaría Nacional de Discapacidad podrá realizar auditorías periódicas cruzando datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y SINTyS, con la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio ante un incumplimiento objetivo, siempre dentro de un marco de debido proceso inclusivo que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

El texto también introduce una última cláusula sobre deudas con prestadores al momento de la sanción, cuyo alcance no quedó explicitado en el fragmento difundido.