Cuatro días después de que un grupo numeroso de ciclistas atacara a trabajadoras sexuales del colectivo travestis-trans en los bosques de Palermo, las víctimas participaron de una conferencia en la Defensoría del Pueblo para denunciar lo sucedido y reclamar respuestas ante lo que calificaron como abandono policial esa noche. Una de las víctimas afirmó que la llegada de los agentes tardó entre 20 y 30 minutos; afirmó que en esa zona suele haber presencia policial, pero esa noche no había nadie y que debió llamar tres veces para que acudieran.
La reconstrucción del hecho, encabezada por la politóloga y abogada travesti Gabriela Ivy, sostiene que el ataque fue planificado mediante cuentas vinculadas a jóvenes ciclistas de cross que operan desde distintos puntos del Gran Buenos Aires. Durante el encuentro, las querellantes remarcaron que no es la primera vez que se registran agresiones similares, pero sí la primera en la que se observó una orquestación de carácter masivo: estimaron la participación de unas 200 personas, cuando en un primer momento se barajó un rango de entre 50 y 60 agresores.
Según las denunciantes, los aggressores eran menores de edad y estaban armados con palos, botellas, piedras y conos viales, dejando una serie de lesiones. Varias compañeras no pudieron asistir a la conferencia por las secuelas de las agresiones y, debido al miedo generado, dijeron que ya no pueden trabajar en esa zona.
Exigieron que sus derechos sean garantizados y repudiaron la indiferencia institucional. Señalaron que la violencia llega a la vida cotidiana del colectivo LGBTIQ+ y aludieron a un contexto de violencia institucional ligado al discurso y acciones del gobierno actual.
La Defensoría del Pueblo acompañará la denuncia y la Federación Argentina LGBT+ será parte querellante. Ivy informó además que ya testificó ante la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. En redes, otro grupo de travestis-trans, entre ellas la activista La Kalo, creó el alias accion.defensa para colaborar con las trabajadoras afectadas.
Los datos sobre esperanza de vida en América Latina muestran que la media para las mujeres trans ronda los 35 años. Argentina cuenta con una Ley de Identidad de Género, pero en los últimos años, según las denunciantes, se han producido retrocesos bajo la actual coalición gobernante, que incluyen despidos de personas trans en políticas públicas y la eliminación de diversas iniciativas de inclusión. Este caso, sostienen, evidencia un patrón de vulneración de derechos humanos que persiste en la región.
