El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) fue concebido para financiar indemnizaciones, pero, en la práctica, desvía aportes que deberían ir a la seguridad social. Según CEPA (Centro de Economía Política Argentina), ese traslado de fondos implica un costo significativo para la cartera previsional: los aportes patronales que alimentan la seguridad social se reducen en función del tamaño de la empresa, con un rango del 2,5% al 1% de las remuneraciones de los trabajadores.

Para estimar el efecto, el equipo de CEPA tomó la masa salarial del sector privado desglosada por tamaño de empleador, usando datos del Boletín de Seguridad Social, y calculó una merma de recaudación de 4,3 billones de pesos entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027. Con el tipo de cambio mayorista estimado para noviembre de 2026 (1.542,8 pesos por dólar), esa merma se traduciría en un costo de 2.785 millones de dólares para la Seguridad Social en el primer año, lo que representa el 7,2% de la recaudación anual del sistema.

Partiendo de la base del salario mínimo vigente en noviembre de 2026 (444.027,73 pesos), y considerando trece haberes anuales (incluido el aguinaldo), el ingreso total de una jubilación mínima quedaría en 5.772.360 pesos durante ese año. En ese marco, los 4,3 billones de pesos que el FAL dejaría de recaudar equivalen a aproximadamente 744.300 jubilaciones mínimas anuales.

Si se incorpora un bono de 70.000 pesos durante los doce meses, la cifra de equivalencia baja a 649.800 haberes. Con estos cálculos, surge una pregunta clave: ¿cuántos nuevos jubilados habrá en 2027? El CEPA estima entre 200.000 y 225.000 nuevas jubilaciones, tomando como referencia beneficiarios del primer semestre de 2026 y datos del Presupuesto 2027, en línea con proyecciones de Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino). En resumen, el costo del FAL en su primer año sería más de tres veces y media la cantidad prevista de nuevos jubilados.

El análisis apunta a una lectura política del tema: el financiamiento previsional no es un problema meramente técnico, sino una decisión de políticas públicas. En el debate se cruza la crítica oficialista hacia antecedentes de esquemas inclusivos (como moratorias) con medidas vigentes que recortan aportes y contribuciones, diseñadas para equilibrar balances empresariales, pero que primariamente repercuten en los derechos de los jubilados.

En síntesis, el FAL aparece como el ejemplo más claro de cómo la ingeniería de financiamiento previsional puede desfinanciar la seguridad social, al tiempo que expone contradicciones entre el discurso de cuentas sanas y las decisiones de política que favorecen a ciertos actores económicos a expensas de la garantía de ingresos de los adultos mayores.