La trayectoria judicial de FATE presenta dos frentes que discurren por estatutos distintos: la responsabilidad laboral y la causa penal vinculada a la ocupación de la planta de Virreyes, en San Fernando. En el aspecto laboral, la Justicia dio por cerrada la discusión sobre las obligaciones económicas de la empresa frente a sus ex empleados.

El fallo más reciente, del 6 de noviembre emitido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 17, ordenó levantar el embargo sobre los fondos de la compañía y restituir a FATE el saldo existente en la cuenta judicial. Parte de ese dinero ya se había destinado a cubrir adicionales salariales reclamados tras el cierre de la planta.

Con base en lo resuelto y en los avances informados sobre el cumplimiento de las obligaciones, quedaron canceladas las indemnizaciones y los salarios adeudados. En ese marco, se considera concluida la controversia vinculada a los pagos derivados del cierre de la fábrica, anunciado el 18 de febrero pasado.

El mismo fallo subraya que la medida de retención se cumplió íntegramente mediante las transferencias efectuadas, de modo que se dio por cumplida la finalidad para la que se dispuso la retención de fondos. Además, el representante de la parte actora había presentado una oposición al pedido de restitución de fondos formulado por la empresa; el juez sostuvo que esa oposición carece de procedencia y la desestimó.

El tribunal ordena, asimismo, la transferencia a la cuenta de la demandada de más de $1.548,5 millones en concepto de reintegro de capital no imponible. Se aclara que ese dinero procede de las sumas depositadas en la cuenta judicial derivadas del embargo oportunamente decretado, y que su destino era cubrir las transferencias de salarios ordenadas por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Desde el cierre de la planta, el predio ubicado en Virreyes permanece ocupado por un grupo de ex empleados y dirigentes sindicales que reclaman la reapertura de la fábrica y la reincorporación de toda la dotación. Esta situación excede cualquier debate sobre indemnizaciones o salarios y, según la empresa, impide el retiro de neumáticos, materias primas y otros bienes, además de restringir el acceso y la disposición de activos no alcanzados por las restricciones judiciales.

El conflicto se originó el 18 de febrero, cuando FATE anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de unos 920 trabajadores, y desde entonces se sucedieron protestas y presentaciones legales que mantienen vigente la tensión entre las partes.