El financista Ariel Vallejo, identificado como estrecho colaborador del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y dueño de Sur Finanzas, fue procesado por asociación ilícita, lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, convirtió la detención que pesaba sobre él en prisión domiciliaria con control de tobillera electrónica, que deberá cumplir en una vivienda del barrio Fincas de San Vicente. Se dispuso un embargo de 40.000 millones de pesos.

La madre de Vallejo, Graciela Beatriz Vallejo, también fue procesada en los mismos delitos, con la excepción de haber integrado la dirección de la asociación ilícita, y recibió el mismo monto de embargo. En la causa también figuran como procesados María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis; Gerardo Carrozza; Silvia Torrado; Maite Sofía Lorenzo; Daniela Sánchez; Sergio Da Silveira; Juan Ramón Cervín; Rolando Soloaga; Micaela Sánchez; Susana Hoffmann; Nahiara Gamarra; Jonathan Ledesma; Juan Miguel Soloer; Cecilia Fioretti y César Abilio Zapaia.

El magistrado también procesó a las empresas Sur Finanzas Group SA; Sur Finanzas PSP; Cluster Palace Beach S.A.; Centro de Inversiones de Concordia S.R.L.; Ars Cambios; Roma Inversiones S.A.; Neocam; Gestiones San Miguel S.A. y Sur Pagos S.A., todas con embargos de alto valor.

Además, se mantuvo el secuestro con fines de decomiso y el embargo preventivo sobre 35 automóviles y motocicletas de alta gama, y 13 inmuebles de las personas y sociedades imputadas. Se solicitó tasar el equipamiento médico secuestrado, embargar los créditos garantizados por hipoteca de los que Vallejo es acreedor y requerir a Mercado Libre que informe los saldos de las cuentas de Vallejo para derivarlos a una cuenta judicial de custodia.

Desde la prisión domiciliaria, Vallejo tiene prohibido comunicarse con los demás imputados, con testigos, empleados, dependientes, contadores y colaboradores de las sociedades del grupo, salvo “por razones humanitarias” con su madre y con su pareja, Maite Sofía Lorenzo. En el country donde cumplirá la medida, tampoco podrá realizar actividades comerciales o financieras.

La acusación sostiene que la organización funcionó durante más de cinco años, con cambios en las sociedades que integraban el entramado, y que Vallejo ejercía la cabeza del grupo, con control de empresas y bienes. Debajo de él operaban distintas personas y sociedades con funciones definidas en la gestión de fondos y decisiones; la madre Vallejo, junto con Sena Argis y Carrozza, ocuparon cargos directivos y facilitaron movimientos ilícitos, mientras otros contaron con roles como contadores y empleados para la circulación de dinero y el borrado de registros. La fiscal Cecilia Incardona había solicitado el procesamiento, y Rodríguez Ponte aceptó la evidencia y la imputación.