El Ministerio de Seguridad Nacional formalizó la prohibición de ingreso a estadios para 18 personas en todo el país, dentro del marco del programa Tribuna Segura. De esos 18 casos, 17 quedan fuera de cualquier evento deportivo de forma indefinida, mientras una persona está sujeta a una prohibición de 24 meses.

Las resoluciones fueron firmadas el 6 de noviembre de 2026 y publicadas en el Boletín Oficial el 13 de noviembre, con apoyo en actuaciones iniciadas por fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los involucrados fueron identificados por su participación en episodios de violencia o resistencia durante operativos.

La decisión se apoya en dos contextos distintos. En el primero, se identificó a individuos que tomaron parte de una pelea entre facciones vinculadas a Chacarita Juniors en las inmediaciones del estadio, durante el partido frente a Atlanta, en la Primera B Nacional. En ese marco, la investigación dio cuenta de enfrentamientos entre las agrupaciones “La Familia” y “La Famosa” y de la resistencia a la intervención policial. La actuación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 del Departamento Judicial de San Martín.

La agencia de prevención de la violencia en el deporte (Aprevide) había dictado previamente una prohibición preventiva de concurrencia para los involucrados, antes de la resolución nacional.

La segunda resolución recae sobre Lucas Daniel Di Pino, identificado en un hecho ocurrido el 2 de octubre durante el partido Boca Juniors-Unión, disputado en La Bombonera, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Según la resolución, Di Pino fue acusado de agredir a un empleado del Cuerpo de Investigaciones Judiciales durante el operativo.

Legalmente, las resoluciones se sustentan en la Restricción de Concurrencia Administrativa, herramienta prevista por la normativa de seguridad en el fútbol y aplicada dentro del programa Tribuna Segura. El marco legal citado incluye la Ley del Deporte, el Decreto 246/2017 y la Resolución 354/2017 del entonces Ministerio de Seguridad.

En cuanto a la temporalidad, la resolución que alcanza a 17 personas no establece un límite temporal: esas restricciones rigen sin plazo determinado mientras la medida esté vigente, aplicables en todas las jurisdicciones del país. Por su parte, el caso de Di Pino mantiene la vigencia de la prohibición conforme a la resolución específica.