En el Senado paraguayo, el equipo jurídico del presidente Santiago Peña presentó argumentos para cuestionar el procedimiento de juicio político, al sostener que se habrían violado aspectos esenciales del debido proceso, incluido el plazo para las diligencias. El abogado Ricardo Preda dejó entrever una lectura crítica de la acusación y advirtió que, si la Corte Interamericana ha señalado limitaciones en plazos cortos, ahora la defensa debe analizar con detenimiento el escrito acusatorio.
Preda añadió que la situación involucra —según sus palabras— una crisis vinculada a un banco que dejó damnificados a la espera de respuestas por parte de las autoridades. Descartó que el libelo acusatorio aporte pruebas suficientes y afirmó que, en ese sentido, no se hallan elementos concretos para sustentar la imputación.
En la misma sesión, el abogado Adolfo Ferreiro subrayó que toda persona sometida a un juicio político tiene derecho a una defensa legítima. Señaló que asumió la defensa con un plazo muy reducido y sin conocimiento pleno del expediente, condicionada por los tiempos establecidos por la Cámara Alta. Como antecedente, Ferreiro citó el caso del exministro de la Corte Felipe Paredes, en el cual se aceptó la renuncia para cerrar el proceso.
Ferreiro sostuvo que no resulta razonable juzgar a quien ya dejó el cargo, al recordar que el requisito para el juicio político es haber ejercido funciones como funcionario; el cese se produce cuando el funcionario presenta su renuncia. En ese marco, añadió que Peña había presentado su dimisión el día anterior, y dejó la comparación de que “es como demandar a alguien que ya pagó”.
La sesión se reanudó con la presencia de Ferreiro y Preda, quienes adelantaron que permanecerán en la defensa del mandatario. Peña, por su parte, no se presentó ante el pleno en ese momento y estaría previsto que lo haga al momento de los alegatos finales.
En paralelo, la Cámara de Senadores continúa con el proceso, luego de rechazar la prórroga de 72 horas solicitada. En medio de la tensión institucional, se dio a conocer que el jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez; el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno; y el ministro del Interior, Enrique Riera, presentaron sus renuncias, decisión que fue aceptada por Peña mediante decretos difundidos este viernes. En tanto, la renuncia de Riera aparece fechada el jueves 5 de noviembre, y se anunció un reemplazo para ese cargo.
Pese a las renuncias y a la crisis generada por el cierre del banco privado Ueno Bank, Peña continúa formalmente en la Presidencia, ya que el Congreso no aceptó su renuncia presentada durante el debate previo al inicio formal del juicio político.
